El proceso arbitral comienza cuando un consumidor presenta una solicitud y finaliza con un laudo, de obligado cumplimiento.

• La solicitud se tramita personalmente o a través de las asociaciones de consumidores, en la Junta Arbitral más cercana al domicilio del consumidor.
• El Secretario de la Junta Arbitral es el encargado de notificar a la empresa reclamada la solicitud de arbitraje. Posteriormente, se inicia el proceso con la formalización del Convenio Arbitral.
• Formalizado el Convenio, se designa el Colegio Arbitral, que está compuesto por tres árbitros: uno representa a los consumidores, otro al sector empresarial implicado y un tercero que será designado por la administración de la que dependa la Junta Arbitral de Consumo.
• Constituido el Colegio, se da audiencia a las partes, que puede realizarse verbalmente o por escrito.
• Se acuerda la práctica de pruebas periciales si fuera necesario.
• Finalmente, el Colegio Arbitral dicta un laudo vinculante para las partes.

• Una vez planteado el conflicto, las partes pueden acordar someterse al Sistema Arbitral de Consumo comprometiéndose a aceptar la resolución del Colegio Arbitral.
• O bien a través de las Ofertas Públicas, que son una declaración de voluntad de la empresa o empresario de someterse al Sistema Arbitral en todas las reclamaciones que desde ese momento y en adelante le planteen los consumidores, y que supone que el Convenio Arbitral quedará formalizado con la presentación y admisión a trámite de la reclamación de arbitraje, agilizando la tramitación del procedimiento.

El estar sometido al Sistema Arbitral supone:

• Que, por su carácter voluntario de adhesión, ofrece una garantía de sus productos o servicios.
• Que, en caso de litigio, la Junta Arbitral cuenta con un representante miembro de su asociación empresarial o comercial que vela por sus intereses.
• Que se evitan pleitos largos y generalmente costosos.
• Que su empresa o establecimiento sea seleccionado por los consumidores o usuarios al realizar sus compras o utilizar sus servicios.
• Que la imagen de prestigio del establecimiento o empresa sea mayor al contar con el Distintivo oficial del Sistema Arbitral de Consumo.

• Los establecimientos adheridos al Sistema de Arbitraje lo son de forma voluntaria, lo que ya es un buen indicio para avalar la calidad de sus productos o el servicio que prestan. • El resultado del arbitraje se produce en el plazo máximo de seis meses. • La resolución del arbitraje, que adopta la denominación de laudo, se refleja por escrito y es de carácter vinculante y ejecutivo para las partes. • El litigio es gratuito, y mínimas las formalidades exigibles. • Que la imagen de prestigio del establecimiento o empresa sea mayor al contar con el Distintivo oficial del Sistema Arbitral de Consumo

• Es una contraseña tanto para empresarios como para consumidores. Todas las empresas adheridas al mismo pueden exhibir el distintivo en sus establecimientos y en su publicidad. • El empresario que se adhiera al Sistema Arbitral de Consumo podrá exhibir, en sus establecimientos y publicidad, el distintivo oficial debidamente registrado por la Administración, que indica a los clientes la oferta de una garantía añadida a los servicios que se les presta habitualmente. • El consumidor que ve el distintivo oficial en un establecimiento o en las acciones promocionales de una empresa, sabe que ésta le asegura la solución de todos los desacuerdos que puedan producirse entre ambos, a través del arbitraje de Consumo, un sistema rápido, gratuito y eficaz

No podrán ser objeto de Arbitraje de Consumo aquellos conflictos que versen sobre intoxicación, lesión, muerte o aquéllos en que existan indicios racionales de delito, incluida la responsabilidad por daños y perjuicios directamente derivada de ellos

Un medio eficaz para la resolución de conflictos que puedan surgir entre los consumidores/usuarios y los empresarios y donde:

• El procedimiento arbitral es gratuito.
• El sistema para resolución de conflictos es breve.
• Los trámites a seguir no están sujetos a formalidades especiales.
• Ambas partes están representadas por igual.
• La resolución adoptada o «laudo» es vinculante para ambas partes.

Formulario para solicitar el arbitraje de consumo.   

• Ley 2/2015, de 4 de marzo. Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León
• Ley 1/2016, de 13 de octubre. Ley 1/2016, de 13 de octubre, por la que se modifica la Ley 2/2015, de 4 de marzo, por la que se aprueba el Estatuto del Consumidor de Castilla y León.
• Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto. Decreto Legislativo 2/2014, de 28 de agosto, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Comercio de Castilla y León.
• Decreto 109/2004, de 14 de octubre. Decreto 109/2004, de 14 de octubre, por el que se regulan las Hojas de Reclamaciones de los Consumidores y Usuarios de Castilla y León.
• Decreto 26/2001, de 25 de enero. Decreto 26/2001, de 25 de enero, por el que se regulan los Resguardos de Depósito en la prestación de servicios a los consumidores.
• Decreto 180/2001, de 28 de junio. Decreto 180/2001, de 28 de junio, por el que se regula el derecho de los consumidores y usuarios al Presupuesto previo de los servicios que se les oferten.
• Decreto 39/2002, de 7 de marzo. Decreto 39/2002, de 7 de marzo, por el que regula la Inspección de Consumo.